El Grupo de Trabajo de Sociedad Civil CELAC - UE condena enérgicamente la intervención del gobierno de los EEUU a la República Bolivariana de Venezuela.

El Grupo de Trabajo de la sociedad civil CELAC- UE (GT CELAC -UE en adelante) expresa su más enérgica condena ante los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de 2026 que afectan a la República Bolivariana de Venezuela y constituyen una flagrante violación del derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos y el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos. 

La agresión armada estadounidense se produce tras meses de tensión creciente, que ha incluido un importante despliegue militar frente a las costas de Venezuela y una serie de ataques letales contra embarcaciones bajo la argumentación, sin evidencia, de potenciales vínculos con el narcotráfico. Estas acciones contravienen la legalidad internacional atentando contra la soberanía del pueblo venezolano, tal y como se evidencia en las condiciones casi coloniales que se le imponen, y ponen en peligro la estabilidad de América Latina y el Caribe. Asimismo, ponen en grave riesgo la vida de millones de personas contradiciendo el principio de la región como zona de paz, adoptada por la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC) en 2014, como un instrumento político y ético fundamental para la estabilidad, el desarrollo y la integración regional, que ha sido respaldado ampliamente por la alianza birregional CELAC-EU, como se lee en el numeral 10 de la Declaración de Santa Marta

En este sentido el GT CELAC EU manifiesta lo siguiente:

  1. Se hace eco de los pronunciamientos que condenan la agresión emitidos en el marco de la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad del día 5 de enero de 2026 convocada por las Naciones Unidas y promovida por varios países Latinoamericanos. Cualquier acción que implique el uso de la fuerza, la injerencia externa o la vulneración del orden constitucional de un Estado resulta incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Es urgente hacer efectivo el compromiso de la alianza birregional CELAC-UE, renovado en Santa Marta, de oposición a la amenaza o al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y, reivindique la resolución de las disputas internacionales de manera pacífica, en línea, además con los compromisos multilaterales asumidos por los Estados de ambas regiones CELAC y UE.
  2. Expresa su preocupación por las respuestas ambiguas e insuficientes de numerosos Gobiernos de la UE y de la CELAC frente a una violación manifiesta del derecho internacional, lo cual debilita la credibilidad de su compromiso con el multilateralismo y la democracia. La normalización de acciones militares unilaterales debilita seriamente el sistema multilateral y establece un precedente peligroso para este y otros escenarios de tensión.  El compromiso de la alianza birregional CELAC-UE en favor de “un orden internacional más justo, equitativo y democrático” requiere, como declarado en el numeral 4 de la Declaración de Santa Marta,  una defensa clara y sin fisuras de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. 
  3. Se pronuncia en contra de cualquier intento de imponer cambios políticos o de gobierno por medios violentos o coercitivos, por contravenir claramente los principios del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la prohibición del uso de la fuerza. Asimismo, rechaza toda práctica que implique la captura, detención o traslado forzoso de autoridades o liderazgos políticos en ejercicio fuera de los marcos legales y multilaterales establecidos.
  4. Observa con especial inquietud que estos hechos se desarrollan en un contexto birregional e internacional complejo, caracterizado por tensiones políticas, socio-económicas y, marcado por una disputa global por el control de los recursos naturales y estratégicos. El derecho internacional está siendo violentado desde una lógica de apropiación de recursos y control económico, especialmente sobre las reservas energéticas de Venezuela, que amenaza con instaurar formas de tutela y expolio propias de un protectorado económico incompatibles con los principios de soberanía, justicia social y desarrollo sostenible.  Es apremiante que la alianza birregional CELAC-UE vele y garantice el respeto al principio de soberanía de Venezuela sobre sus recursos naturales, y la no apropiación, control o tutela externa sobre estos, que no esté alineada con el derecho internacional.
  5. Expresa su solidaridad con la sociedad civil y el pueblo venezolano en este momento tan complejo y difícil; y pide que la agresión militar y sus consecuencias no vayan en detrimento de un espacio cívico ya de por sí amenazado. La protección efectiva del espacio cívico y de quienes lo sostienen debe entenderse como una condición indispensable para la paz duradera, el diálogo político y el respeto al Estado de Derecho en la región. En ese sentido el GT CELAC-UE reitera su disposición a contribuir, como parte de la sociedad civil organizada, a la construcción de escenarios de diálogo, entendimiento y respeto mutuo, en consonancia con los principios de la eficacia del desarrollo, la justicia social y la paz duradera en América Latina y el Caribe. 

El GT CELAC-UE solicita de manera expresa a la CELAC y a la Unión Europea, que, en apego a sus mandatos, siguiendo el espíritu de los compromisos asumidos en el marco de las recientes Cumbres bajo las que se sostiene su alianza birregional: condenen la  intervención militar ilegal emprendida por el Gobierno de los Estados Unidos de América que afectan la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela;  asuman con decisión su papel en la defensa activa de la paz, exhortando a las partes involucradas a garantizar el pleno respeto del derecho internacional y los DDHH así como la cobertura de las necesidades humanitarias de la población venezolan, absteniéndose de cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de las personas.

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